Políticas de Izquierdas

Si sumamos que, según las últimas noticias, el futuro de la economía española se ve negro todavía, junto a la propuesta del Gobierno sobre la reforma de nuestro sistema de pensiones, obtenemos como resultado un ciudadano de izquierdas cabreado.

En primer lugar, lo criticable de la gestión de la crisis por parte del Gobierno no es, como dicen algunos, su “improvisación” o “derroche presupuestario”, sino la falta de un ideario socialdemócrata claro y firme que no se ande con medias tintas a la hora de buscar soluciones: apuesta real por un cambio de modelo económico más sostenible y productivo, aumento de las políticas sociales generadoras de bienestar y empleo, lucha contra el fraude fiscal y los intereses de la banca, etc.

Si es cierto que el Ejecutivo se preocupa “por quienes peor lo están pasando”, debería hacer más caso a los sindicatos y menos a la patronal, al menos en lo que se refiere a política económica, y escuchar antes a quienes le critican desde la izquierda que desde la derecha. Defender el Diálogo Social está muy bien, pero no olvidemos que la gran mayoría de la población en España se considera trabajadora.

Por otro lado, toda la izquierda ha condenado que el Gobierno socialista plantee la posibilidad de aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, tal y como viene defendiendo la derecha.

El motivo de esta indignación es evidente, ya que supone un enorme retroceso social y un deterioro de la calidad de vida de millones de trabajadores. Es una medida innecesaria, impopular y socialmente ineficaz.

Necesitamos reformar nuestro sistema de pensiones de cara al futuro, pero para ello no se tiene por qué privatizar ni recortarse derechos. Un gobierno socialdemócrata, como hizo el sueco o danés, antes aumentaría el presupuesto destinado a la emancipación juvenil, a incentivar el empleo femenino mediante políticas que permitan compaginar la vida laboral y familiar, a combatir el paro juvenil, así como regular eficazmente las prejubilaciones anticipadas en algunas empresas, etc.

El PSOE se equivoca con estas medidas antes socioliberales que socialdemócratas, esperemos que recapacite y que se deje aconsejar por quienes ahora le criticamos, y que en el pasado le votamos.

Encuestas

Una encuesta política es como una fotografía: en función de quién y cómo se haga la foto el enfoque, la calidad de la imagen y precisión del objetivo pueden variar. Del mismo modo, una encuesta representa un momento concreto, una opinión influenciada por el contexto que, ante todo, aporta información intuitiva, aunque no es baladí.

Recientemente se han publicado varias encuestas donde se dice que el PP aventajaría ligeramente al PSOE (entre 2 y 5 puntos) de celebrarse unas supuestas elecciones generales. Desde la derecha popular ya se abrazan y dan saltos de alegría, descorchando champagne y capando algún purito para celebrarlo. Cuidado con la resaca.

Todavía faltan más de dos años para la cita electoral en la que se decidirá realmente quien debe liderar el gobierno de España. Para entonces, el contexto de crisis económica será bien distinto del que es ahora, cuando el paro es la primera preocupación de la gente y se culpa al gobierno de turno de todos los males.

Zapatero continúa siendo el líder político mejor valorado, por delante de Rajoy, que desde 2004 nunca ha superado al presidente en este índice. Ni qué decir tiene que si el 60% de la población considera que la gestión de la crisis económica está siendo mala o muy mala, cerca del 80% desconfía de la capacidad de Rajoy.

Una curiosidad de estas encuestas es que no mencionan la posibilidad de una elevada abstención de voto, gran aliada del PP que le dio la victoria en las elecciones europeas con más de un 40% de votantes que se quedaron en casa. Al igual que en el 2000, cuando Aznar consiguió mayoría absoluta gracias al 30% de abstención de entonces.

La verdadera encuesta es la que se refleja en las urnas el día de las elecciones. Y en este sentido, como dijo Leire Pajín, el PP y Rajoy son los campeones en ganar encuestas y en perder elecciones. Así que calma, que ya van 2-0, no quieran vender la piel del oso antes de haberlo cazado.

Plan Confianza vs. Plan E

Tod@s conocemos el Plan E de Zapatero, generoso pack de medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis económica que azota nuestro país. Sin embargo, no tan conocido es el Plan Confianza del gobierno valenciano de Camps, anunciado en su día por la Generalitat como “medida estrella” en la lucha contra el paro, que agoniza por falta de financiación (estando en 2010, los municipios tan sólo han recibido 4 de los 1020 millones previstos para el Plan).

A lo largo de la crisis, la valenciana está siendo la autonomía líder en destrucción de empleo (términos absolutos) fruto de nuestra economía regional basada en la precariedad laboral y la nula productividad (modelo del urbanismo salvaje). Cerca de 500.000 trabajador@s en paro en España son valencian@s, y mientras en la mayoría de CCAA ralentiza la caída económica, aquí se siguen destruyendo numerosos puestos de trabajo sin que el PP trate de impedirlo.

El Plan E del gobierno socialista lleva invertidos (reales) cerca de 900 millones de euros en tierras valencianas, directamente en creación de empleo público (casi 45.000 puestos) mientras las obras del Plan Camps no han generado empleo y corren riesgo de impago, incluso allí donde gobierna el PP. ¡Cuánta confianza!

Mas allá de esta comparación, se evidencia la clara distinción entre unas políticas socialdemócratas, que creen en el papel del Estado como subsanador de los errores del capitalismo, confían en la inversión pública como fuente de Bienestar Social y redistribución de la riqueza que corrige las desigualdades sociales, y tienen como objetivo superar la crisis económica a través de una progresiva renovación y mejora de nuestro sistema productivo. Lo que están haciendo todos los países, vamos.

Y unas políticas neoliberales que no ven necesario velar por los intereses de la inmensa mayoría (la clase trabajadora), que no creen, dicen, importante ni útil la inversión pública y su función ahora cuando más falta hace (salvo si es para Pan y Circo) y que, en definitiva, defienden unas tesis que han beneficiado mucho a unos pocos a costa de violar el interés común, dando lugar a una crisis económica que, confían, se superará con las mismas prácticas que la han provocado. ¡Menuda paradoja, oiga!

Cuando la Igualdad no da igual

¿Aceptamos la igualdad real entre mujeres y hombres? ¿Somos iguales a la hora de tener las mismas oportunidades, bienestar, derechos, etc.? Afirmar esto a día de hoy sería una interpretación de la realidad, cuanto menos, atrevida, de necesario análisis y matización.

La Declaración Universal de los DDHH postula: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” / “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

En España, la CE de 1978 recoge en su Artículo 9: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…)”. Este hecho, sin duda, supone un importantísimo avance a la hora de reconocer, al menos sobre el papel y ante la ley, la legitimidad y el derecho de todxs lxs españolxs a la hora de gozar de igualdad.

Ahora bien, que exista una legítima y supuesta igualad de oportunidades no quiere decir, ni ha dado lugar, que en la práctica, en la vida real al margen de códigos legales y filosofía del Derecho, se de un efectivo cumplimiento y respeto por la equidad al, por ejemplo, disponer de las mismas oportunidades académicas, amparo judicial imparcial y de calidad, acceso a unos servicios básicos dignos, conseguir un puesto de trabajo, etc.

Hoy, discriminar por razón de género, etnia o religión, orientación sexual o clase social, sigue siendo una grave (y habitual) causa por la cual se violan derechos fundamentales de las personas. Una injusta desigualdad que los gobiernos responsables deben perseguir y corregir eficazmente a través de los mecanismos que el Estado dispone para tal fin.

Por ello, es incomprensible (e inmoral) que haya una feroz oposición hacia la reciente Ley de Igualdad, implantada por el gobierno socialista en España gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas (salvo la derecha del “no a todo” del PP) destinada a suplir las claras deficiencias en materia de igualdad que tristemente se dan en nuestro país.

Resulta impresentable y casi anti-democrático la burla y el insulto que se vierten desde el conservadurismo más rancio hacia las funciones del Ministerio de Igualdad, cuya importante labor es menospreciada o tachada de “inútil y de propaganda” por algunos sectores políticos.

Sorprende que sean los mismos sectores políticos que se llenan la boca con la palabra “familia”, jactándose en su discurso de “defenderla”, quienes, en la práctica, no se preocupan por mejorar la situación de la mujer en España a través de políticas públicas, como la aplicación de la ley de Dependencia, abrir centros infantiles gratuitos, aumentar presupuesto en becas, ayuda por nacimiento y emancipación, o educar en igualdad con EpC (…) que permitan su integración laboral y su NO discriminación gracias a una cultura NO sexista.

Es propio del postmachismo actual reaccionar agresiva y demagógicamente ante los avances y el progreso social que han liderado mujeres y hombres feministas en las últimas décadas. Postmachismo que equipara la lacra de la violencia machista con la agresión que un hombre puede sufrir por parte de su pareja; que incluso ridiculiza el avance hacia un lenguaje con formas y expresiones no sexistas, y que niega el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto.

Desgraciadamente, no sabemos cuando existirá en España un real cumplimiento de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, pero lo que está claro es que será la izquierda quien liderará ese avance, como no podría ser de otra manera.