¿Aceptamos la igualdad real entre mujeres y hombres? ¿Somos iguales a la hora de tener las mismas oportunidades, bienestar, derechos, etc.? Afirmar esto a día de hoy sería una interpretación de la realidad, cuanto menos, atrevida, de necesario análisis y matización.
La Declaración Universal de los DDHH postula: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” / “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
En España, la CE de 1978 recoge en su Artículo 9: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…)”. Este hecho, sin duda, supone un importantísimo avance a la hora de reconocer, al menos sobre el papel y ante la ley, la legitimidad y el derecho de todxs lxs españolxs a la hora de gozar de igualdad.
Ahora bien, que exista una legítima y supuesta igualad de oportunidades no quiere decir, ni ha dado lugar, que en la práctica, en la vida real al margen de códigos legales y filosofía del Derecho, se de un efectivo cumplimiento y respeto por la equidad al, por ejemplo, disponer de las mismas oportunidades académicas, amparo judicial imparcial y de calidad, acceso a unos servicios básicos dignos, conseguir un puesto de trabajo, etc.
Hoy, discriminar por razón de género, etnia o religión, orientación sexual o clase social, sigue siendo una grave (y habitual) causa por la cual se violan derechos fundamentales de las personas. Una injusta desigualdad que los gobiernos responsables deben perseguir y corregir eficazmente a través de los mecanismos que el Estado dispone para tal fin.
Por ello, es incomprensible (e inmoral) que haya una feroz oposición hacia la reciente Ley de Igualdad, implantada por el gobierno socialista en España gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas (salvo la derecha del “no a todo” del PP) destinada a suplir las claras deficiencias en materia de igualdad que tristemente se dan en nuestro país.
Resulta impresentable y casi anti-democrático la burla y el insulto que se vierten desde el conservadurismo más rancio hacia las funciones del Ministerio de Igualdad, cuya importante labor es menospreciada o tachada de “inútil y de propaganda” por algunos sectores políticos.
Sorprende que sean los mismos sectores políticos que se llenan la boca con la palabra “familia”, jactándose en su discurso de “defenderla”, quienes, en la práctica, no se preocupan por mejorar la situación de la mujer en España a través de políticas públicas, como la aplicación de la ley de Dependencia, abrir centros infantiles gratuitos, aumentar presupuesto en becas, ayuda por nacimiento y emancipación, o educar en igualdad con EpC (…) que permitan su integración laboral y su NO discriminación gracias a una cultura NO sexista.
Es propio del postmachismo actual reaccionar agresiva y demagógicamente ante los avances y el progreso social que han liderado mujeres y hombres feministas en las últimas décadas. Postmachismo que equipara la lacra de la violencia machista con la agresión que un hombre puede sufrir por parte de su pareja; que incluso ridiculiza el avance hacia un lenguaje con formas y expresiones no sexistas, y que niega el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto.
Desgraciadamente, no sabemos cuando existirá en España un real cumplimiento de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, pero lo que está claro es que será la izquierda quien liderará ese avance, como no podría ser de otra manera.
La Declaración Universal de los DDHH postula: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” / “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
En España, la CE de 1978 recoge en su Artículo 9: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…)”. Este hecho, sin duda, supone un importantísimo avance a la hora de reconocer, al menos sobre el papel y ante la ley, la legitimidad y el derecho de todxs lxs españolxs a la hora de gozar de igualdad.
Ahora bien, que exista una legítima y supuesta igualad de oportunidades no quiere decir, ni ha dado lugar, que en la práctica, en la vida real al margen de códigos legales y filosofía del Derecho, se de un efectivo cumplimiento y respeto por la equidad al, por ejemplo, disponer de las mismas oportunidades académicas, amparo judicial imparcial y de calidad, acceso a unos servicios básicos dignos, conseguir un puesto de trabajo, etc.
Hoy, discriminar por razón de género, etnia o religión, orientación sexual o clase social, sigue siendo una grave (y habitual) causa por la cual se violan derechos fundamentales de las personas. Una injusta desigualdad que los gobiernos responsables deben perseguir y corregir eficazmente a través de los mecanismos que el Estado dispone para tal fin.
Por ello, es incomprensible (e inmoral) que haya una feroz oposición hacia la reciente Ley de Igualdad, implantada por el gobierno socialista en España gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas (salvo la derecha del “no a todo” del PP) destinada a suplir las claras deficiencias en materia de igualdad que tristemente se dan en nuestro país.
Resulta impresentable y casi anti-democrático la burla y el insulto que se vierten desde el conservadurismo más rancio hacia las funciones del Ministerio de Igualdad, cuya importante labor es menospreciada o tachada de “inútil y de propaganda” por algunos sectores políticos.
Sorprende que sean los mismos sectores políticos que se llenan la boca con la palabra “familia”, jactándose en su discurso de “defenderla”, quienes, en la práctica, no se preocupan por mejorar la situación de la mujer en España a través de políticas públicas, como la aplicación de la ley de Dependencia, abrir centros infantiles gratuitos, aumentar presupuesto en becas, ayuda por nacimiento y emancipación, o educar en igualdad con EpC (…) que permitan su integración laboral y su NO discriminación gracias a una cultura NO sexista.
Es propio del postmachismo actual reaccionar agresiva y demagógicamente ante los avances y el progreso social que han liderado mujeres y hombres feministas en las últimas décadas. Postmachismo que equipara la lacra de la violencia machista con la agresión que un hombre puede sufrir por parte de su pareja; que incluso ridiculiza el avance hacia un lenguaje con formas y expresiones no sexistas, y que niega el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto.
Desgraciadamente, no sabemos cuando existirá en España un real cumplimiento de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, pero lo que está claro es que será la izquierda quien liderará ese avance, como no podría ser de otra manera.
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