Joven, cállate

En les Corts Valencianes se ha empezado a debatir el anteproyecto de Ley de la Juventud de la Comunidad Valenciana, cuyo preámbulo marca como un objetivo principal el “potenciar todos los cauces de participación y compromiso de los jóvenes con la sociedad en general, y con la sociedad valenciana en particular”, favoreciendo así el “desarrollo de medidas que favorezcan la plena participación de la juventud en la sociedad civil, con la finalidad de implicarla en la actividad política, social, económica, cultural y solidaria de la sociedad valenciana”.

Paradójicamente, para la elaboración de esta Ley de Juventud no se ha contado en ningún momento con la participación de sus protagonistas, las y los jóvenes valencianos. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), máximo órgano de representación de la opinión juvenil, denuncia que esta ley elimina sus funciones y, principalmente, cambia su estatus convirtiéndola en una entidad privada, y por tanto con nula capacidad de influencia en las decisiones políticas que desde los gobiernos locales y autonómico atañen a la juventud, al contrario de lo que ampara la Constitución y al contrario de como ha venido siendo hasta ahora. Además, CJCV rechaza esta ley por ambigua en su contenido y pobre en cuanto a medidas.

La Generalitat perjudica a la juventud valenciana. Recorta las ayudas autonómicas para que todos y todas podamos estudiar dignamente, para que termine de una vez la vergüenza de los barracones en centros públicos, para combatir el alto índice de fracaso escolar o se salde la deuda con las Universidades valencianas; no ataja el grave problema del paro juvenil valenciano (superior al 40%) ni soluciona la polémica en torno al botellón o la mala calidad de nuestro transporte público. Ahora, para colmo, pretenden acallar la voz crítica de la juventud contra esta realidad que nos golpea.

¿Realmente era necesaria una Ley de Juventud para demostrar que el Govern valencià se preocupa por nuestras necesidades e inquietudes? Como siempre, al final lo que se va a debatir no es una ley que ponga encima de la mesa medidas concretas en materia de juventud, que garantice su cumplimiento y que se disponga de un presupuesto económico para llevarlas a cabo. Y es que la derecha asume y acepta el rol de padre autoritario que impone su criterio “por el bien” de sus hijos: “¿Qué dices, hijo? Anda, cállate”.