Debate sobre Política General en les Corts

Ayer tuvo lugar el Debate sobre Política General en la Comunidad Valenciana, un debate esperado por mucha gente, incluso de fuera de Valencia, atraída por el protagonismo que la corrupción política ha dado al gobierno valenciano del PP (con Camps y Costa, entre otros, como principales dirigentes imputados), más que por el hecho de que la C.V sea una de las zonas de España que peor está soportando los golpes de la crisis económica, liderando, además, la tasa de endeudamiento sin que ello haya repercutido en los servicios públicos valencianos, motivo de constantes manifestaciones y denuncia ciudadana.

El debate se ha contextualizado en un momento de crisis interna en el seno del PP, donde algunos empiezan a admitir (después de meses negando la mayor y cerrando filas, acusando al Gobierno central socialista de un uso persecutorio de la fiscalía, policía y jueces, insultando a las instituciones y a todo el Estado con tal de proteger a sus imputados, a los que les interesa claro) que es necesario tomar medidas contundentes en Valencia. Y con una oposición que exige la dimisión inmediata de Camps más elecciones anticipadas. Mucha tensión, sin duda.

Como era previsible, el PP valenciano exprimió al máximo su viejo discurso de siempre, un mensaje populista, cargado de mentiras y demagogo, auto-proclamándose supuesto único defensor de los intereses y emblema del “orgullo” valencianos; sin faltar, obviamente, ataques sistemáticos a Zapatero (¿no era política regional de lo que iba el debate?) y alardeando de ser un más que dudoso ejemplo a seguir para el resto de comunidades que, a su entender, dependen de la Comunidad Valenciana, pues ésta, en palabras de Camps, “es el motor y cambio de rumbo de España” con un gobierno “creíble”. Sin comentarios.

Igualmente previsible fue el hecho de que, pensando que la gente es tonta, ignorando hablar de la trama Gürtel, de Orange Market, de “amiguitos del alma” y de “bigotes” o de financiación ilegal (avalada por informe policial), la gente iba a pasar por alto un asunto tan nimio, ¿verdad? No cuela.

Un presidente Camps que se mostró en todo momento serio, frío y escurridizo ante las comprometidas preguntas que la oposición le fue formulando a lo largo de la sesión. Un Francisco Camps que parecía más preocupado por intentar lavar la imagen tras las graves acusaciones que pesan sobre su partido y su persona, que por dar justificación a otros cuatro años de pésima gestión de lo público valenciano, la falta de políticas sociales dignas, de transparencia política, el alto índice de paro en Valencia, la ausencia de medidas sensatas o financiadas para paliar los efectos de la crisis, casos de corrupción gravísimos ignorados por la manipulada televisión pública valenciana, y así un largo etc.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en les Corts, Ángel Luna, respondió a Francisco Camps considerándolo con rotundidad “políticamente acabado”, que “de esta no sale” y le acusó de "estar llevando a la podredumbre moral" a la política valenciana. Drásticas palabras para denunciar la evidente falta de rigor político y moral, así como bochorno institucional, que ha demostrado y demuestra día a día el PPCV y sus máximos responsables, con Camps a la cabeza, con un gobierno regional paralizado y deleznable.

El PSPV-PSOE ha presentado un grueso paquete de proyectos y medidas económicas concretas pensadas para salvaguardar la situación de cientos de miles de ciudadanos valencianos y valencianas que están sufriendo las consecuencias de la irresponsable gestión económica de un gobierno regional que gana elecciones gracias a la abstención de voto, a base de promesas falsas o no dotadas de financiación, un gobierno que ignora lo que significa vivir en Democracia, que juega con el dinero de todos, que miente, que manipula, que malgasta y descuida todo lo que suene a social, a igualdad o a solidaridad.

El problema es que mucha gente sabe todo esto, es una mayoría la sociedad valenciana la que rechaza la forma de entender y de gobernar que tiene la derecha, es una mayoría la que no ha olvidado su origen, sus raíces progresistas, su historia. El problema, es la urgente necesidad de tener una oposición sólida, un PSPV-PSOE unido, fuerte, serio, coherente, ágil, con carisma, con ilusión, con propuestas, con sinceridad, con líderes reales, con ideas auténticas, con nombres y apellidos y comprometido con las necesidades de la gente.

Mientras no haya una alternativa de izquierdas auténtica y capaz, como lo fue antaño, con una buena estrategia y un claro mensaje, no se conseguirá nada pidiendo elecciones anticipadas, y mucho me temo que tendremos corruptelas, endeudamiento, barracones y el pan y circo de siempre durante largo tiempo.

Reforma de la ley del Aborto

Tras décadas de mucha, mucha hipocresía, tabúes y clandestinidad en clínicas privadas o extranjeras, arranca por fin en España el trámite parlamentario sobre la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual. Como no podría ser de otra manera, la derecha popular (o populista) piensa movilizarse, dice, en contra del aborto.

Este tema, polémico por naturaleza y no ajeno para nadie, conviene ser debatido y analizado desde diferentes perspectivas para llegar a comprender el por qué de la necesidad de abordar esta reforma y el por qué se pretende equiparar nuestra legislación con la del resto de países avanzados de nuestro entorno en esta materia.

Nadie está a favor del aborto, que todo el mundo lo tenga presente. Nadie puede pensar que el aborto es algo banal o superfluo, sobre todo si hablamos de la persona que se encuentra en una situación tan trágica y transcendental, especialmente para la vida de una mujer. Debemos partir de esta premisa, crucial para entender el por qué urge la necesidad de reformar la ley.

Decidir abortar o no, no es tan simple como decidir el color de la camisa antes de ir a trabajar, es algo infinitamente más serio y comprometido, ante todo personal, íntimo e importante como para prejuzgar que alguien que aborta lo hace sin antes meditar sobre ello, que no vaya a repercutir en su salud mental y física, en su comportamiento, incluso en el devenir de su vida con motivo de tomar tan dura y trágica decisión, decisión que tiene legítimo derecho a tomar.

Por otro lado, es de una necedad abismal afirmar que con la nueva ley del aborto se va a disparar el número de mujeres, sobre todo jóvenes, que van a utilizar esta práctica de forma irresponsable y sin control alguno. Es inaceptable que se piense que el Gobierno desea que las mujeres aborten, o que desee, como se ha llegado a afirmar, “matar cual genocida a miles de niños”. Produce aversión escuchar estas barbaridades propias de una mente cerril, vil e ignorante.

Esta reforma pretender suplir las claras deficiencias que la anterior ley del aborto ha evidenciado desde que fuera aprobara en 1985 (con el apoyo del PP). Una ley que no ha reducido el número de abortos, una ley que se ha mostrado claramente deficiente a la hora de tratar esta realidad social (que siempre ha existido, por cierto) y una ley que, curiosamente, no ha despertado la agresiva reacción anti-abortista y fanática cuando era un partido conservador quien estaba en el poder.

De ahora en adelante, lo que se busca es lo que, en países como Holanda, ha demostrado una legislación realista y respetuosa con la libertad individual de las mujeres, sin que hayan influido de ninguna manera aspectos religiosos; es decir, que se reduzca el número tanto de embarazos no deseados como de abortos.

Se quiere construir un pilar esencial a través la inversión en Educación Sexual para los más jóvenes, una educación que fomente la responsabilidad sexual en quienes son más propensos a correr riesgos innecesarios. Todo ello unido a medidas que faciliten la adquisición de métodos anticonceptivos, que mejoren la información en materia sexual y, en definitiva, que formen ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables en este tema tan importante.

Otro aspecto polémico de la reforma, es la posibilidad de abortar libremente a partir de los 16 años de edad. Resulta complejo este punto, ya que, por un lado, si bien es cierto que a los 16 años uno no puede, legalmente, tomar drogas, o necesita consentimiento paterno para hacer una excursión fuera del colegio, no es menos cierto que con 16 años uno ya tiene responsabilidad penal, puede mantener relaciones sexuales, puede conducir motos, trabajar o someterse a una operación de cirugía estética, por ejemplo. La confianza y apoyo paternos también es vital en un asunto tan delicado, y más en esas edades, pero no se puede pretender el permiso de los padres en una decisión, como digo, ante todo personal, íntima y que atañe al propio individuo por encima de todo.

Una buena educación sexual, responsabilidad y legislación adecuada a la realidad social de hoy día son la base y estructura necesarias para conseguir que, poco a poco, la cifra de abortos vaya cayendo en España, pero lo realmente importante es que hablamos de un tema que es ante todo personal, íntimo, y que nadie tiene derecho a juzgar lo que para la mujer ya supone una dificultad asfixiante decidir. La mujer es libre de decidir.

Todos defendemos enérgicamente la vida, pero también, algunos, defendemos con la misma fuerza la libertad para decidir, aunque esa libertad conlleva una gran responsabilidad.

Financiación Ilegal del PP valenciano

Definitivamente, el año 2009 será recordado en los libros de Historia como el año en el que se destapó, con el famoso caso Gürtel, una de las redes de corrupción política más graves, serias y escalofriantes de todo el período democrático en España. Con el Partido Popular como gran protagonista y gran mentiroso.

Lo último que faltaba por salir a la luz, son las numerosas pruebas policiales que evidencian un claro y despreciable delito de financiación ilegal en el interior del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza. Pruebas que no son ni un montaje socialista, como afirman González Pons o Ricardo Costa, ni una persecución del PSOE, sino indicios y argumentos sólidos que la policía de la Brigada de Blanqueo de Capitales, por orden judicial, ha ido investigando y redactando en un grueso y detallado informe.

En dicho informe, se demuestra una indudable relación, incluso personal, entre varios dirigentes clave del PP valenciano y personajes imputados o delincuentes condenados por liderar una importante trama empresarial fraudulenta, que se ha visto enormemente beneficiada gracias a las concesiones de jugosos contratos que el Gobierno regional valenciano les concedió, en este caso a Orange Market y al “amiguito del alma”, su líder en Valencia, señor Bigotes, durante años.

Varias empresas constructoras de esta trama corrupta financiaron actos que el PP de la C.V ha estado realizando durante los últimos años, a través de mecanismos tales como dobles facturaciones (una real y una falsa, es decir, la empresa pagaba en negro al PP a cambio de favores de contratas y decenas de miles de euros en dádivas como trajes y bolsos, entre otros). Horas de conversaciones telefónicas corroboran estos hechos.

Sin embargo, por orden de Camps y gracias a malabares legales, el TSJCV, presidido por de la Rúa, el juez más que amigo del president que archivó la causa de los trajes (que volverá a abrirse) increíblemente, no considera oportuno este informe policial, y lo ha desoído después de haberlo incorporado anteriormente al archivo de la causa.

Falso argumento y contradicción sospechosa, más aún cuando el TSJ de Madrid continúa esperando, por enésima vez, que la Generalitat Valenciana le facilite documentación sobre las relaciones que tuvo con Orange Market en el pasado.

Pero lejos de reconocer abiertamente los hechos, lejos de pedir disculpas a los valencianos y valencianas, lejos de dimitir y, de esta manera, retirarse sin llegar a ser del todo sinvergüenzas, dando una última, aunque podrida, imagen política y compromiso demócrata que se le debe exigir a toda la clase política, el PP valenciano ha sacado la artillería pesada y ha respondido como un caballo desbocado contra todo Cristo, alentando de nuevo la patética teoría conspiratoria del Gobierno socialista, y mientras Rajoy cierra filas defendiendo pese a todo y contra todos a sus compañeros de partido.

Continúan repitiendo, ante la rotundidad de las pruebas policiales, sus necias e infundadas acusaciones de persecución política (¿para qué están los juzgados si no es para presentar estas denuncias?), hablan de transparencia, pero se niegan a una comisión de investigación en las Cortes Valencianas; responden con infantiles y ridículos argumentos, como considerar todo esto un montaje al más puro estilo de la tele-basura del cotilleo; insultan burdamente a jueces, policía, al Estado y al Gobierno; mienten a la gente, como ya se nos ha mentido desde el primer momento en que se habló de los dichosos trajes y dichosos Correa y Bigotes, que han pasado de ser completos desconocidos para el PP a “amiguitos del alma” que se “quieren un huevo”; y la televisión pública valenciana, faltaría más, aúna todas estas reacciones en una magnífica exhibición de manipulación, como no podría ser de otra manera gobernando quien gobierna en Valencia, obvio.

Y sin embargo, la vox populi valenciana mucho me temo que seguirá votando a esta panda de impresentables mientras no haya una oposición fuerte, unida y comprometida con esta tierra históricamente trabajadora, demócrata y comprometida con los valores de la izquierda.

43 muertos + 47 heridos = 0 responsables

Hace más de tres años, el 3 de Julio de 2006, una fecha que muy poca gente recuerda hoy, Valencia no fue noticia esta vez por la inauguración de un nuevo y costoso macro evento, ni tampoco lo fue tanto por la, todavía sin factura, visita del Papa a la ciudad. El 3 de Julio de 2006 murieron en Valencia, en su línea 1 de metro, 43 personas en el accidente de tren urbano más grave y trágico de la historia de este país y de Europa.

Mucha gente, al leer estas líneas, se preguntará: ¿Qué hace este tipo hablando de algo que “quedó claro en su día”? ¿Por qué saca este tema?. La pregunta no debería formulárseme a mi, sino más bien a los 47 heridos que sobrevivieron al accidente, o a las decenas de familias, amigos o compañeros que perdieron a alguien en aquel tramo de la línea 1 de metro, que han quedado marcados de por vida e ignorados desde el primer día, sin apoyo ni atención.

Después de tres años, la Asociación de Víctimas del metro del 3 de Julio sigue concentrándose, puntualmente cada día tres de mes, para rendir homenaje a sus seres queridos y exigir a los políticos valencianos que asuman sus responsabilidades por aquel dramático y brutal accidente ocurrido en el transporte público valenciano, para que expliquen las irregularidades que envolvieron el caso y depuren competencias en la empresa gestora de Metrovalencia, FGV. Silencio e indiferencia es lo que reciben cada día tres.

Han pasado tres años, y todavía esperan que Francisco Camps se digne a recibirles, se digne a hablar con ellos, se digne a pedirles perdón o, simplemente, amplíe la seguridad de la línea 1 de metro, a día de hoy exactamente igual que cuando el accidente. Han pasado tres años, y nadie puede decir ahora que el comportamiento de las víctimas, incluso testarudez, responde a una estrategia política de alguna clase, o a algún reclamo económico. Esa gente no busca dinero, busca la verdad y la justicia, y no representan a ningún partido político, porqué hasta la oposición parece haber olvidado todo esto.

Desde el accidente, la Generalitat y el gobierno de Camps trató por todos los medios de ocultar las críticas, ignorar lo ocurrido y echar arena encima, banalizando las muertes de decenas de personas. Fue un tema incómodo de cara a las elecciones autonómicas de 2007, y se hizo todo lo posible por acelerar cuanto antes el proceso de investigación e indemnizaciones, muchas de ellas ridículas o brillantes por su ausencia.

En mi opinión, se le echó toda la culpa, de forma cobarde, al difunto conductor del comboy y al exceso de velocidad. Ni hubo dimisiones ni remodelación del equipo FGV por ningún lado. Desde un principio se desoyeron los informes sindicales previos al accidente que demostraban que se podía haber evitado de haber existido un esfuerzo de inversión en la seguridad de la línea, simplemente con una baliza; se vetaron expertos que la oposición propuso para esclarecer los hechos; desapareció, misteriosamente, el parte de averías del tren siniestrado, y todas las copias posibles; la comisión de investigación no duró ni una semana hábil en concluir; y así un largo etcétera de sombras y escasa transparencia.

La Asociación de Víctimas NO considera al Gobierno de turno de la Generalitat (PP) culpable del accidente, solamente pide respuestas claras y hechos que den fundamento a ya demasiadas frases vacías en defensa de un supuesto apoyo al ciudadano de a pie, y de honestidad política, en este caso evidenciada nula. Las víctimas reclaman una reforma de FGV para que se garantice la seguridad y confianza de la ciudadanía valenciana en su transporte público, piden una mejora de la seguridad del metro para evitar de nuevo una tragedia como la que ocurrió aquel 3 de Julio de 2006, un día que no debe desaparecer de nuestra memoria.

Y mañana, como otros días y como otros tantos en el anonimato, volveré a coger el metro...