¡Menuda Chapuza!

Valenbisi, el sistema de bicicletas públicas en Valencia, acumula una larga lista de quejas por parte de sus usuarios y usuarias, hartos de no poder utilizar en condiciones este servicio público que hemos pagado con nuestro dinero. Las críticas se multiplican, y con razón.

Prueba del hastío ciudadano se puede observar en los foros de las redes sociales. En Facebook han empezado a crearse grupos que critican la falta de bicicletas, especialmente en horas punta; piden que se instalen estaciones en las zonas más alejadas del centro de Valencia, o denuncian la inexistencia de carril bici en varias zonas y tramos de la ciudad, por la incomodidad y el peligro que supone circular por una calzada saturada de vehículos.

¿Por qué tantos problemas? Actualmente existen unas 13.000 personas que han pagado por utilizar este ecológico, barato y saludable medio de transporte público, pero todavía faltan por instalar decenas de estaciones por toda la ciudad, especialmente en barrios de la periferia, e incluso sería conveniente plantear la posibilidad de aumentar el número de plazas que dispone cada estación, al menos en aquellas zonas en las que el uso de la bicicleta está más extendido, como es la zona universitaria.

Una solución provisional que se está adoptando es trasladar bicicletas desde aquellas zonas en las que no hay mucha demanda hasta aquellas en las que sí la hay. El inconveniente es que, tratando de solucionar el déficit de bicicletas, se acaba creando un problema de falta de espacio libre para acoplarlas una vez llegas a tu destino.

La excusa que nos dan es que se trata de un servicio que lleva poco tiempo en marcha. Pero la realidad es que no existe una voluntad firme por parte del Ayuntamiento de mejorar la red de movilidad ciclista en la ciudad, ya sea ampliando el carril bici o poniendo solución al problema de Valenbisi, de ahí las habituales protestas y manifestaciones de ciclistas.

Al final parece ser que a este Ayuntamiento no le interesa fomentar el uso del transporte público, obligando a que la ciudadanía, especialmente jóvenes, tengamos que sufrir las consecuencias de precios abusivos y un servicio de transporte público indecente, sin que la administración sea capaz de garantizar nuestro derecho a un transporte público de calidad.