30 de septiembre de 2009

Debate sobre Política General en les Corts


Ayer tuvo lugar el Debate sobre Política General en la Comunidad Valenciana, un debate esperado por mucha gente, incluso de fuera de Valencia, atraída por el protagonismo que la corrupción política ha dado al gobierno valenciano del PP (con Camps y Costa, entre otros, como principales dirigentes imputados), más que por el hecho de que la C.V sea una de las zonas de España que peor está soportando los golpes de la crisis económica, liderando, además, la tasa de endeudamiento sin que ello haya repercutido en los servicios públicos valencianos, motivo de constantes manifestaciones y denuncia ciudadana.

El debate se ha contextualizado en un momento de crisis interna en el seno del PP, donde algunos empiezan a admitir (después de meses negando la mayor y cerrando filas, acusando al Gobierno central socialista de un uso persecutorio de la fiscalía, policía y jueces, insultando a las instituciones y a todo el Estado con tal de proteger a sus imputados, a los que les interesa claro) que es necesario tomar medidas contundentes en Valencia. Y con una oposición que exige la dimisión inmediata de Camps más elecciones anticipadas. Mucha tensión, sin duda.

Como era previsible, el PP valenciano exprimió al máximo su viejo discurso de siempre, un mensaje populista, cargado de mentiras y demagogo, auto-proclamándose supuesto único defensor de los intereses y emblema del “orgullo” valencianos; sin faltar, obviamente, ataques sistemáticos a Zapatero (¿no era política regional de lo que iba el debate?) y alardeando de ser un más que dudoso ejemplo a seguir para el resto de comunidades que, a su entender, dependen de la Comunidad Valenciana, pues ésta, en palabras de Camps, “es el motor y cambio de rumbo de España” con un gobierno “creíble”. Sin comentarios.

Igualmente previsible fue el hecho de que, pensando que la gente es tonta, ignorando hablar de la trama Gürtel, de Orange Market, de “amiguitos del alma” y de “bigotes” o de financiación ilegal (avalada por informe policial), la gente iba a pasar por alto un asunto tan nimio, ¿verdad? No cuela.

Un presidente Camps que se mostró en todo momento serio, frío y escurridizo ante las comprometidas preguntas que la oposición le fue formulando a lo largo de la sesión. Un Francisco Camps que parecía más preocupado por intentar lavar la imagen tras las graves acusaciones que pesan sobre su partido y su persona, que por dar justificación a otros cuatro años de pésima gestión de lo público valenciano, la falta de políticas sociales dignas, de transparencia política, el alto índice de paro en Valencia, la ausencia de medidas sensatas o financiadas para paliar los efectos de la crisis, casos de corrupción gravísimos ignorados por la manipulada televisión pública valenciana, y así un largo etc.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en les Corts, Ángel Luna, respondió a Francisco Camps considerándolo con rotundidad “políticamente acabado”, que “de esta no sale” y le acusó de "estar llevando a la podredumbre moral" a la política valenciana. Drásticas palabras para denunciar la evidente falta de rigor político y moral, así como bochorno institucional, que ha demostrado y demuestra día a día el PPCV y sus máximos responsables, con Camps a la cabeza, con un gobierno regional paralizado y deleznable.

El PSPV-PSOE ha presentado un grueso paquete de proyectos y medidas económicas concretas pensadas para salvaguardar la situación de cientos de miles de ciudadanos valencianos y valencianas que están sufriendo las consecuencias de la irresponsable gestión económica de un gobierno regional que gana elecciones gracias a la abstención de voto, a base de promesas falsas o no dotadas de financiación, un gobierno que ignora lo que significa vivir en Democracia, que juega con el dinero de todos, que miente, que manipula, que malgasta y descuida todo lo que suene a social, a igualdad o a solidaridad.

El problema es que mucha gente sabe todo esto, es una mayoría la sociedad valenciana la que rechaza la forma de entender y de gobernar que tiene la derecha, es una mayoría la que no ha olvidado su origen, sus raíces progresistas, su historia. El problema, es la urgente necesidad de tener una oposición sólida, un PSPV-PSOE unido, fuerte, serio, coherente, ágil, con carisma, con ilusión, con propuestas, con sinceridad, con líderes reales, con ideas auténticas, con nombres y apellidos y comprometido con las necesidades de la gente.

Mientras no haya una alternativa de izquierdas auténtica y capaz, como lo fue antaño, con una buena estrategia y un claro mensaje, no se conseguirá nada pidiendo elecciones anticipadas, y mucho me temo que tendremos corruptelas, endeudamiento, barracones y el pan y circo de siempre durante largo tiempo.

28 de septiembre de 2009

Reforma de la ley del Aborto


Tras décadas de mucha, mucha hipocresía, tabúes y clandestinidad en clínicas privadas o extranjeras, arranca por fin en España el trámite parlamentario sobre la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual. Como no podría ser de otra manera, la derecha popular (o populista) piensa movilizarse, dice, en contra del aborto.

Este tema, polémico por naturaleza y no ajeno para nadie, conviene ser debatido y analizado desde diferentes perspectivas para llegar a comprender el por qué de la necesidad de abordar esta reforma y el por qué se pretende equiparar nuestra legislación con la del resto de países avanzados de nuestro entorno en esta materia.

Nadie está a favor del aborto, que todo el mundo lo tenga presente. Nadie puede pensar que el aborto es algo banal o superfluo, sobre todo si hablamos de la persona que se encuentra en una situación tan trágica y transcendental, especialmente para la vida de una mujer. Debemos partir de esta premisa, crucial para entender el por qué urge la necesidad de reformar la ley.

Decidir abortar o no, no es tan simple como decidir el color de la camisa antes de ir a trabajar, es algo infinitamente más serio y comprometido, ante todo personal, íntimo e importante como para prejuzgar que alguien que aborta lo hace sin antes meditar sobre ello, que no vaya a repercutir en su salud mental y física, en su comportamiento, incluso en el devenir de su vida con motivo de tomar tan dura y trágica decisión, decisión que tiene legítimo derecho a tomar.

Por otro lado, es de una necedad abismal afirmar que con la nueva ley del aborto se va a disparar el número de mujeres, sobre todo jóvenes, que van a utilizar esta práctica de forma irresponsable y sin control alguno. Es inaceptable que se piense que el Gobierno desea que las mujeres aborten, o que desee, como se ha llegado a afirmar, “matar cual genocida a miles de niños”. Produce aversión escuchar estas barbaridades propias de una mente cerril, vil e ignorante.

Esta reforma pretender suplir las claras deficiencias que la anterior ley del aborto ha evidenciado desde que fuera aprobara en 1985 (con el apoyo del PP). Una ley que no ha reducido el número de abortos, una ley que se ha mostrado claramente deficiente a la hora de tratar esta realidad social (que siempre ha existido, por cierto) y una ley que, curiosamente, no ha despertado la agresiva reacción anti-abortista y fanática cuando era un partido conservador quien estaba en el poder.

De ahora en adelante, lo que se busca es lo que, en países como Holanda, ha demostrado una legislación realista y respetuosa con la libertad individual de las mujeres, sin que hayan influido de ninguna manera aspectos religiosos; es decir, que se reduzca el número tanto de embarazos no deseados como de abortos.

Se quiere construir un pilar esencial a través la inversión en Educación Sexual para los más jóvenes, una educación que fomente la responsabilidad sexual en quienes son más propensos a correr riesgos innecesarios. Todo ello unido a medidas que faciliten la adquisición de métodos anticonceptivos, que mejoren la información en materia sexual y, en definitiva, que formen ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables en este tema tan importante.

Otro aspecto polémico de la reforma, es la posibilidad de abortar libremente a partir de los 16 años de edad. Resulta complejo este punto, ya que, por un lado, si bien es cierto que a los 16 años uno no puede, legalmente, tomar drogas, o necesita consentimiento paterno para hacer una excursión fuera del colegio, no es menos cierto que con 16 años uno ya tiene responsabilidad penal, puede mantener relaciones sexuales, puede conducir motos, trabajar o someterse a una operación de cirugía estética, por ejemplo. La confianza y apoyo paternos también es vital en un asunto tan delicado, y más en esas edades, pero no se puede pretender el permiso de los padres en una decisión, como digo, ante todo personal, íntima y que atañe al propio individuo por encima de todo.

Una buena educación sexual, responsabilidad y legislación adecuada a la realidad social de hoy día son la base y estructura necesarias para conseguir que, poco a poco, la cifra de abortos vaya cayendo en España, pero lo realmente importante es que hablamos de un tema que es ante todo personal, íntimo, y que nadie tiene derecho a juzgar lo que para la mujer ya supone una dificultad asfixiante decidir. La mujer es libre de decidir.

Todos defendemos enérgicamente la vida, pero también, algunos, defendemos con la misma fuerza la libertad para decidir, aunque esa libertad conlleva una gran responsabilidad.

27 de septiembre de 2009

Financiación Ilegal del PP valenciano


Definitivamente, el año 2009 será recordado en los libros de Historia como el año en el que se destapó, con el famoso caso Gürtel, una de las redes de corrupción política más graves, serias y escalofriantes de todo el período democrático en España. Con el Partido Popular como gran protagonista y gran mentiroso.

Lo último que faltaba por salir a la luz, son las numerosas pruebas policiales que evidencian un claro y despreciable delito de financiación ilegal en el interior del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza. Pruebas que no son ni un montaje socialista, como afirman González Pons o Ricardo Costa, ni una persecución del PSOE, sino indicios y argumentos sólidos que la policía de la Brigada de Blanqueo de Capitales, por orden judicial, ha ido investigando y redactando en un grueso y detallado informe.

En dicho informe, se demuestra una indudable relación, incluso personal, entre varios dirigentes clave del PP valenciano y personajes imputados o delincuentes condenados por liderar una importante trama empresarial fraudulenta, que se ha visto enormemente beneficiada gracias a las concesiones de jugosos contratos que el Gobierno regional valenciano les concedió, en este caso a Orange Market y al “amiguito del alma”, su líder en Valencia, señor Bigotes, durante años.

Varias empresas constructoras de esta trama corrupta financiaron actos que el PP de la C.V ha estado realizando durante los últimos años, a través de mecanismos tales como dobles facturaciones (una real y una falsa, es decir, la empresa pagaba en negro al PP a cambio de favores de contratas y decenas de miles de euros en dádivas como trajes y bolsos, entre otros). Horas de conversaciones telefónicas corroboran estos hechos.

Sin embargo, por orden de Camps y gracias a malabares legales, el TSJCV, presidido por de la Rúa, el juez más que amigo del president que archivó la causa de los trajes (que volverá a abrirse) increíblemente, no considera oportuno este informe policial, y lo ha desoído después de haberlo incorporado anteriormente al archivo de la causa.

Falso argumento y contradicción sospechosa, más aún cuando el TSJ de Madrid continúa esperando, por enésima vez, que la Generalitat Valenciana le facilite documentación sobre las relaciones que tuvo con Orange Market en el pasado.

Pero lejos de reconocer abiertamente los hechos, lejos de pedir disculpas a los valencianos y valencianas, lejos de dimitir y, de esta manera, retirarse sin llegar a ser del todo sinvergüenzas, dando una última, aunque podrida, imagen política y compromiso demócrata que se le debe exigir a toda la clase política, el PP valenciano ha sacado la artillería pesada y ha respondido como un caballo desbocado contra todo Cristo, alentando de nuevo la patética teoría conspiratoria del Gobierno socialista, y mientras Rajoy cierra filas defendiendo pese a todo y contra todos a sus compañeros de partido.

Continúan repitiendo, ante la rotundidad de las pruebas policiales, sus necias e infundadas acusaciones de persecución política (¿para qué están los juzgados si no es para presentar estas denuncias?), hablan de transparencia, pero se niegan a una comisión de investigación en las Cortes Valencianas; responden con infantiles y ridículos argumentos, como considerar todo esto un montaje al más puro estilo de la tele-basura del cotilleo; insultan burdamente a jueces, policía, al Estado y al Gobierno; mienten a la gente, como ya se nos ha mentido desde el primer momento en que se habló de los dichosos trajes y dichosos Correa y Bigotes, que han pasado de ser completos desconocidos para el PP a “amiguitos del alma” que se “quieren un huevo”; y la televisión pública valenciana, faltaría más, aúna todas estas reacciones en una magnífica exhibición de manipulación, como no podría ser de otra manera gobernando quien gobierna en Valencia, obvio.

Y sin embargo, la vox populi valenciana mucho me temo que seguirá votando a esta panda de impresentables mientras no haya una oposición fuerte, unida y comprometida con esta tierra históricamente trabajadora, demócrata y comprometida con los valores de la izquierda.

23 de septiembre de 2009

43 muertos + 47 heridos = 0 responsables


Hace más de tres años, el 3 de Julio de 2006, una fecha que muy poca gente recuerda hoy, Valencia no fue noticia esta vez por la inauguración de un nuevo y costoso macro evento, ni tampoco lo fue tanto por la, todavía sin factura, visita del Papa a la ciudad. El 3 de Julio de 2006 murieron en Valencia, en su línea 1 de metro, 43 personas en el accidente de tren urbano más grave y trágico de la historia de este país y de Europa.

Mucha gente, al leer estas líneas, se preguntará: ¿Qué hace este tipo hablando de algo que “quedó claro en su día”? ¿Por qué saca este tema?. La pregunta no debería formulárseme a mi, sino más bien a los 47 heridos que sobrevivieron al accidente, o a las decenas de familias, amigos o compañeros que perdieron a alguien en aquel tramo de la línea 1 de metro, que han quedado marcados de por vida e ignorados desde el primer día, sin apoyo ni atención.

Después de tres años, la Asociación de Víctimas del metro del 3 de Julio sigue concentrándose, puntualmente cada día tres de mes, para rendir homenaje a sus seres queridos y exigir a los políticos valencianos que asuman sus responsabilidades por aquel dramático y brutal accidente ocurrido en el transporte público valenciano, para que expliquen las irregularidades que envolvieron el caso y depuren competencias en la empresa gestora de Metrovalencia, FGV. Silencio e indiferencia es lo que reciben cada día tres.

Han pasado tres años, y todavía esperan que Francisco Camps se digne a recibirles, se digne a hablar con ellos, se digne a pedirles perdón o, simplemente, amplíe la seguridad de la línea 1 de metro, a día de hoy exactamente igual que cuando el accidente. Han pasado tres años, y nadie puede decir ahora que el comportamiento de las víctimas, incluso testarudez, responde a una estrategia política de alguna clase, o a algún reclamo económico. Esa gente no busca dinero, busca la verdad y la justicia, y no representan a ningún partido político, porqué hasta la oposición parece haber olvidado todo esto.

Desde el accidente, la Generalitat y el gobierno de Camps trató por todos los medios de ocultar las críticas, ignorar lo ocurrido y echar arena encima, banalizando las muertes de decenas de personas. Fue un tema incómodo de cara a las elecciones autonómicas de 2007, y se hizo todo lo posible por acelerar cuanto antes el proceso de investigación e indemnizaciones, muchas de ellas ridículas o brillantes por su ausencia.

En mi opinión, se le echó toda la culpa, de forma cobarde, al difunto conductor del comboy y al exceso de velocidad. Ni hubo dimisiones ni remodelación del equipo FGV por ningún lado. Desde un principio se desoyeron los informes sindicales previos al accidente que demostraban que se podía haber evitado de haber existido un esfuerzo de inversión en la seguridad de la línea, simplemente con una baliza; se vetaron expertos que la oposición propuso para esclarecer los hechos; desapareció, misteriosamente, el parte de averías del tren siniestrado, y todas las copias posibles; la comisión de investigación no duró ni una semana hábil en concluir; y así un largo etcétera de sombras y escasa transparencia.

La Asociación de Víctimas NO considera al Gobierno de turno de la Generalitat (PP) culpable del accidente, solamente pide respuestas claras y hechos que den fundamento a ya demasiadas frases vacías en defensa de un supuesto apoyo al ciudadano de a pie, y de honestidad política, en este caso evidenciada nula. Las víctimas reclaman una reforma de FGV para que se garantice la seguridad y confianza de la ciudadanía valenciana en su transporte público, piden una mejora de la seguridad del metro para evitar de nuevo una tragedia como la que ocurrió aquel 3 de Julio de 2006, un día que no debe desaparecer de nuestra memoria.

Y mañana, como otros días y como otros tantos en el anonimato, volveré a coger el metro...


20 de septiembre de 2009

¿Cuándo saldremos de la Crisis?


Hace unas semanas tuvo lugar un intenso debate económico en el Congreso de los Diputados, un debate en el que se evidenció lo difícil que lo está teniendo y va a tener el Ejecutivo socialista y el presidente Zapatero para mantener el liderazgo y los apoyos parlamentarios, al menos en materia económica, para hacer frente al complicado contexto actual.

A estas alturas, después de llevar casi dos años escuchando palabras como “crisis”, “desaceleración”, “recesión”, “deflación”, “paro”, etc. y de ver a los políticos tirarse los trastos a la cabeza, con mensajes contradictorios y, en definitiva, desgastándose unos a otros, mucha gente se pregunta: ¿Cuándo demonios saldremos de la crisis? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo volverá a crearse empleo? Muchas preguntas de arriesgada respuesta, porqué, sinceramente, hasta el mayor experto contestaría: no tenemos ni idea.

Hagamos una pequeña reflexión y tratemos de diagnosticar cómo está a día de hoy el panorama español en lo referente a la famosa crisis económica y financiera, y cuál está siendo la reacción del Gobierno:

No hace mucho se informaba de que países como Alemania o Francia, poco a poco, estaban empezando a recuperar la senda del crecimiento. Es muy prematuro hablar de crecimiento pero, sin duda, fueron noticias positivas que trajeron aire fresco y esperanza para el resto de países que continúan necesitando esforzarse muy duro. España no es ni Alemania ni Francia.

En España se está aplicando la receta que todos los países de su entorno están adoptando desde que comenzó esta crisis global, es decir, se están aplicando, desde el Diálogo Social, políticas de inversión pública masiva con el objetivo de contrarrestar la caída de la actividad privada, ya sea creando empleo público, inyectando liquidez a nuestro sistema financiero o sacando adelante proyectos ambiciosos destinados a modernizar y renovar nuestro caduco sistema productivo.

Políticas fiscales keynesianas de intervención estatal en los mercados para proteger a quienes están sufriendo las consecuencias de la recesión de un modo más agudo, medidas destinadas a mejorar nuestro modelo económico, tan desgastado y obsoleto desde hace demasiado tiempo. Políticas materializadas en más de 100 medidas diferentes, que pueden comprobarse en paquetes como el Plan E.

Sin embargo, toda la maquinaria financiera que el Gobierno de Zapatero lleva impulsando no está pensada para sacar a España de la crisis, no. Puesto que la coyuntura actual es de carácter global, es una crisis que ha venido de fuera y que, debido a nuestra mala preparación nos ha tocado fuerte, la respuesta efectiva y solución deberá provenir también desde lo global.

Pero España sí tiene la responsabilidad y competencias para mantener el país a flote mientras arrecia la tormenta, es decir, lo único que se puede hacer, desgraciadamente, es tratar de proteger a los ciudadanos, de aguantar, contener la presión, de dar un poco de oxígeno a la gente para que pase este bache de la manera no mejor, sino menos mala posible. Una ardua tarea.

Desde organismos económicos internacionales se pronostica, con el riesgo que en Economía supone en estos casos hacer predicciones, que España seguirá generando paro, pero a un ritmo mucho menor que el de hace unos meses y sin alcanzar los cinco millones de desempleados. Se anuncia que España comenzará tímidamente a remontar a partir de 2010, y que, por lo menos, lo peor de la crisis ya ha pasado.

España, no lo olvidemos, tiene como lastre el alto nivel de su tasa de paro. Por lo demás no tenemos nada que envidiar al resto de países también en crisis, por ejemplo en nivel de recesión del PIB o déficit presupuestario, índice de precios o capacidad de solvencia.

Ahora se anuncia una subida de impuestos, como el de las rentas del capital o impuestos especiales. Recordemos que España sigue teniendo una política tributaria más flexible que la media europea, con un IVA inferior y que, además, estamos en un momento difícil que requiere el esfuerzo de todos. En este sentido debe abogarse por una reforma fiscal responsable y progresista, que persiga el fraude, que intervenga inteligentemente y que no perjudique a los que peor lo están pasando. Confiemos en que sea así.

Lo que está claro es que el Gobierno lo va a tener complicado el resto de legislatura. Va a tener que ser firme y claro en sus políticas y su mensaje, va a tener que arriesgar y buscar acuerdos que prioricen sus postulados ideológicos, es decir, acuerdos que tengan como fondo el beneficio de la inmensa mayoría de la gente y la justicia social.

A Zapatero le ha tocado un mandato agridulce, tras los espectaculares resultados de la pasada legislatura ahora le toca soportar lo que cualquier presidente de cualquier partido o ideología tendría que soportar en su situación. Veremos cómo se desenvuelve, porqué, como se suele decir, es en momentos difíciles donde se demuestra la capacidad de salir adelante, la fuerza y la confianza, no basta sólo con transmitir entusiasmo.

17 de septiembre de 2009

La letra, con sangre entra


Recientemente, Esperanza Aguirre anunció su intención de, por la vía legislativa, otorgar a profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid el rango de “autoridad pública”, rango que, a día de hoy, ostentan jueces o policías, que gozan de “presunción de veracidad”, a cuya agresión se castiga con hasta cuatro años de prisión.

Según el Gobierno regional madrileño, esta dura medida se tomará a raíz de varias agresiones, insultos y presión a la que se están sometidos y sometidas no pocos profesores y profesoras de varios centros educativos de la región.

Es una medida que, dicen, está pensada para “fomentar la disciplina y aumentar la autoridad de los docentes”, algo que viene defendiendo a ultranza la derecha española como solución para todos los ámbitos de carácter social, es decir, aumentar la mano dura e ignorar el problema de fondo. Pudiendo emplear la violencia, ¿para qué el diálogo?

Por supuesto, esta polémica iniciativa no ha sido consensuada ni debatida debidamente por todos los grupos parlamentarios que estructuran el parlamento de Madrid, faltaría más que, teniendo mayoría absoluta la derecha de extremo-centro popular, fueran a pedir la opinión del resto de partidos políticos. Son así de chulos ellos.

Por otro lado, se le ha recordado a la lideresa que lo que ella pretende, elevar a la categoría de autoridad pública a los profesores madrileños, esta fuera de sus competencias, ya que es el Estado el único capaz de realizar dicha reforma legal, mediante su tramitación como ley orgánica.

De todos modos, el tema es el de siempre, el de la dicotomía característica de este país, en donde unos consideran que la represión, la autoridad y la prohibición es la mejor manera de tener una sociedad libre y justa, en bienestar; y quienes abogamos por una sociedad dialogante, sin prejuicios, tolerante y preocupada por atajar los problemas de raíz en vez de perseguir, castigar y condenar las consecuencias que muchas veces el propio sistema origina.

España necesita urgentemente mejorar su sistema educativo, y para ello la única solución que se ha visto eficaz y adecuada es la de tener mejores y competentes profesores/as, más formados/as y mejor entrenados/as para impartir sus conocimientos de la manera más pedagógica posible; un buen sistema universitario que forme buenos docentes, preparados/as, con ilusión y técnicas de enseñanza punteras que estimulen y motiven a los y las estudiantes para que aprender no sea un esfuerzo, sino una oportunidad de mejorar.

La solución no pasa por aumentar la autoridad o la disciplina, ambos valores necesarios pero que no pueden imponerse por la fuerza, porqué entonces se cronificará el problema, convirtiendo un aula en casi una Tiranía totalitaria donde no hay hueco para la crítica constructiva. Pero qué lástima que para esto no haya dinero, ¿verdad?


Si queremos tener mejores alumnos y alumnas, sin duda deberemos invertir en futuro y en una educación de calidad, con óptimas instalaciones, con los mejores profesionales de la enseñanza, pero también con una reforma estructural de la sociedad que haga despertar en los jóvenes el interés por el conocimiento, las ganas de saber, el valor del esfuerzo y la suma importancia que supone tener un buen espíritu crítico, propio de individuos autónomos y, en definitiva, personas y espíritus libres.

16 de septiembre de 2009

Arenys de Munt


El pasado trece de Septiembre tuvo lugar en un pequeño municipio catalán, Arenys de Munt (8000 habitantes), una consulta popular realizada desde lo privado, por cuestiones legales y de revuelo social, que citaba: “¿Está usted de acuerdo con que Catalunya se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?”. Demasiado ruido para las pocas nueces de este asunto.

Dicha consulta buscaba conocer la opinión de las gentes del pueblo acerca de su posicionamiento a favor o en contra de la independencia de Cataluña respecto al conjunto de España. Tras celebrarse el “referéndum” local, un 96% de los votos mostraban el deseo de independencia, pero no olvidemos que solo participó un 40% del censo municipal, por lo que este dato no refleja ni una realidad del conjunto de Cataluña, ni puede utilizarse como argumento soberanista o nacionalista de ninguna clase.

Según los últimos datos reflejados en las encuestas y estudios sociológicos en Cataluña, no llega al 20% el porcentaje de población catalana que desea para su tierra y su nación histórica, un Estado autónomo e independiente, es decir, “separarse” de España.

Sin embargo, cerca de un 75% de catalanes y catalanas prefiere que España siga siendo un Estado de Autonomías o un Estado de carácter Federal, que casi viene a ser lo mismo. Defendiendo, eso sí, una mayor descentralización y un mayor autogobierno de cara a buscar el mayor beneficio ciudadano y mayor reconocimiento de la pluralidad y multi-nacionalidad que caracteriza a España desde tiempos inmemoriales.

Por otro lado, conviene recordar que los partidos políticos catalanes abiertamente independentistas, como ERC, poseen una cuota electoral relativamente pobre y escasa, con una tendencia más bien estática o, o incluso, a la baja en cuanto a intención de voto.

Por tanto, ¿a qué viene tanto alboroto? Resulta significativo el hecho de que en una localidad tan pequeña como Arenys de Munt, se congregaran los cuatro nostálgicos de la dictadura del terror que quedan en este país, al grito de “España es una y no cincuenta y una”; y ¿a qué se debe el espanto de algunos líderes de la derecha popular por esta consulta?

Desgraciadamente, la respuesta es bastante evidente. El nacionalismo español arcaico y anacrónico de la derecha española, el nacionalismo de la España castellana, UNA, GRANDE Y LIBRE, el nacionalismo anti-plural y que negó durante cuarenta años cualquier atisbo de la riqueza cultural española; ese nacionalismo es el que vomitan algunos y algunas que se auto-proclaman defensores de España y de los interese de los españoles.

Sinceramente, España, su sociedad, todavía no ha evolucionado y no ha reflexionado en profundidad sobre sus señas de identidad y su Historia; sigue sin aceptar la diversidad que representan sus pueblos. Vivimos en un país de países donde aún se niega la realidad de nuestra naturaleza multi-color.

No creo que haya que preocuparse en exceso por los acontecimientos recientes de Arenys de Munt, pero no cabe duda de que una anécdota como ésta refleja la acuciante necesidad de una reforma estructural de la Carta Magna española que termine de perfilar y de definir acertadamente cual es su esencia, su esencia plural y la explosión de sabores que se produce cuando se pronuncia la palabra: España.

13 de septiembre de 2009

Fue mi abuelo

Bueno, aquí os dejo una estupenda canción rockera de la mano de Benito Kamelas (un grupo real) en memoria de aquellos y aquellas que cayeron defendiendo la libertad, la igualdad y la democracia en España.
La canción lleva por título "Fue mi abuelo", y quiero dedicársela especialmente, como no podría ser de otra forma, a mis dos abuelos, Juan y Emilio, que lucharon por los valores que en esta canción se expresan con gran emoción.
Por vosotros, yayos, vuestro nieto:

"Hay una historia que aquí sucedió
Que un día esta tierra, reina hambre y dolor
Ríos de sangre se vieron correr
Años muy duros llegaron después

A la derecha vive el militar
Terratenientes, el clero y demás
Al otro lado el campesino está
Luchando duro pa poder llevar
Algo de futuro que ayude a los suyos
A vivir en libertad.

No quiero ser quien juzgué
Tampoco me interesa
No creo que el olvido sea la mejor manera
Si algo ha quedado claro
Después de tantas guerras:
Que da igual quien dispare
¡Que ninguna bala es buena!

Pero lo que no es justo
Es que siempre el vencido
Sea el olvidado, el que no sale en los libros
Que aún quedan muchos caídos
Que se encuentran en olvido
En fosas comunes sin hallar.

Mi corazón se encoge defraudado
Y al recordar las penas que ha dejado
Se siente obligado a gritar bien alto
Por si alguien le quisiera oír.

Y tantas veces sentado junto al fuego
Le oí contar las penas que vivieron
Y aunque pasa el tiempo
Escucha un momento
No olvides lo que voy a decir:
Que ayer fue mi abuelo
Quien postrao en suelo
¡Defendió tu libertad!

Habrán pasado 30 años ya
Desde la muerte de aquel general
Fue muy difícil volver a sentir
Que en democracia se podía vivir.

Y aunque el rencor no nos conduce a nah
Algunas cosas aun siguen igual
La voz del pueblo no se quiere oír
Los que gobiernan deciden por ti."

10 de septiembre de 2009

Prostitución en España: ¿represión o legalización?


Desde siempre, a lo largo de la Historia, podemos casi afirmar que ha existido la prostitución sexual de seres humanos, de ahí que se reconozca popularmente como “la profesión más antigua del mundo”. Pero yo me pregunto: ¿profesión o explotación? y de decantarnos por considerar que se trata de un “trabajo” como otro cualquiera, ¿qué hay de la dignidad humana? ¿qué hay de los Derechos Humanos? El debate vuelve a estar de nuevo en el aire.

El tema es complejo y peliagudo de abordar. No cabe duda de que la prostituión existe porqué hay gente, mujeres y hombres, que acuden a este “servicio”, por llamarlo de alguna manera, y hay a la vez personas que, de una forma u otra, voluntariamente o no, ofrecen su cuerpo a cambio de dinero. Es la exclavitud del siglo XXI, o el máximo exponente capitalista: ley de la oferta y la demanda a flor de piel.
Son muchos quienes defienden la necesidad de legalizar o “normalizar” la prostitución en España, carente de un marco legal que regule esta práctica. Sostienen que una normativa que abarque este negocio del sexo beneficiará a quienes sufren las consecuencias más directas de la prostitución, es decir, miles de mujeres (y también hombres) que son engañadas y forzadas a alquilar su cuerpo, o personas que no encuentran otra forma de ganarse la vida que recurriendo a esta actividad.
El actual Gobierno socialista impulsó hace pocos años un Plan Integral para luchar contra la Trata de Blancas, un conjunto de medidas pensadas para perseguir a las mafias dedicadas a extorsionar y chantajear a chicas jóvenes, en su mayoría extranjeras, para que ejerzan la prostitución. Este tipo de mafias mueven al año miles de millones de euros en nuestro país.
Este Plan busca proteger a las víctimas de estos abusos, pero a día de hoy, cuando vemos en los medios casos como el del barrio del Raval, en Barcelona, la sensación es de no percibir cambio alguno en la situación. Los periódicos, por otro lado, continúan resistiendose a desprenderse de los copiosos beneficios que les reportan los anuncios eróticos, siendo España un caso aislado en este tipo de aspectos, dicho sea de paso.
Las Asociaciones que trabajan con este colectivo de mujeres piden una regulación que garantice los derehos y la dignidad de estas “empleadas del sexo”, para que puedan disponer de una cobertura legal que proteja sus derehos laborales básicos.
Sin embargo, otros grupos sociales abogan por una concienciación masiva de la sociedad, fundamentada en la igualdad y el respeto por la dignidad y los Derechos Humanos, especialmente los de la mujer, para que sea la propia sociedad quien rechace este tipo de prácticas indecentes, para que nadie, ninguna mujer u hombre, se vea obligado a ejercer la prostitución para sobrevivir.
Lo que está claro, a mi entender, es que la solución se lleva discutiendo durante mucho tiempo, habiéndose abordado todo tipo de propuestas: desde la legalización de la prostitución hasta su máxima condena y persecución policial, y nadie está de acuerdo sobre cuál es la mejor medida que se ha de tomar.

Sinceramente, opino que el deslenace de este complicado tema debe pasar por dos soluciones complementarias: perseguir, de manera efectiva, a quienes exploten, extorsionen u obliguen a practicar la prostitución a personas inocentes; y educar a la sociedad en valores cívicos, de respeto y de igualdad para conseguir ciudadanos más justos, más críticos y más considerados cuando se trate de acatar este tipo de cuestiones sociales que a todos y todas nos atañen.

9 de septiembre de 2009

Zapatero y la Comunidat Valenciana


Durante años, la estrategia política del PP en la C.Valenciana se ha fundamentado en dos claros argumentarios: vender la imagen de que las siglas y símbolos del Partido Popular son la viva encarnación de “lo valenciano”, mediante la explotada política del espectáculo y del macro-evento; y culpar al Gobierno de Zapatero de los males económicos y endémicos de esta tierra de llauradors y treballadors, eludiendo, de este modo, asumir sus responsabilidades.

Partiendo de esta premisa, el Gobierno regional valenciano se ha dedicado por sistema a dinamitar constantemente el Ejecutivo central y a denunciar, en su opinión, su “total falta de interés y preocupación por los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y sus problemas”, proclamándose ellos mismos como “salvadores y veladores” de los intereses “reales” de los valencianos y las valencianas.

Bien, hasta aquí la base sobre la que partimos, pero ¿cuánto hay de verdad y cuánto de demagogia detrás de estas violentas acusaciones?

Recientemente el Ministro de Fomento, José Blanco, visitó la ciudad de Valencia tras comprobar personalmente el estado de las obras del AVE Madrid-Valencia, para reunirse con la alcaldesa Barberá así como la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y anunciar las medidas y proyectos que el Gobierno socialista de Zapatero quiere impulsar en esta comunidad autónoma de levante.

Efectivamente, el Gobierno de España lleva destinando cientos de millones de euros, miles, desde hace años, para que el AVE llegue en 2010 por fin a Valencia, para que las nuevas tecnologías del transporte mejoren la comunicación de los núcleos económicos centro-periferia y las principales capitales de España (sobra decir los 30.000 empleos que generará de aquí a 2010).

El Gobierno de Zapatero y todo su equipo, por otro lado, han protagonizado la reciente reforma del modelo de financiación, que va a dotar de mayor presupuesto y mayor equidad financiera para todos los territorios del país, C.V incluida y enormemente beneficiada.

Sin embargo, estos importantes avances y proyectos que, repito, el Gobierno de Zapatero lleva realizando desde que llegó a Moncloa en 2004, no son en absoluto reconocidos por el señor Camps y todo su séquito de aduladores, que recelan y desconfían, sembrando la duda y la sospecha en las gentes valencianas y mintiendo y manipulando la realidad y los datos en un sucio intento de desprestigiar la labor tan beneficiosa que para con Valencia lleva realizando el Ejecutivo central.

Cito el caso del AVE por ser noticia reciente y por ser prueba evidente de la preocupación que existe por esta tierra por parte del presidente del Gobierno de España, pero podría citar el interés palpable por mejorar el aeropuerto de Manises, o simplemente los proyectos del Plan E que están creando empleo para miles de familias valencianas ahora en tiempos de dificultad.

El Gobierno de Camps, el PP, en lugar de preocuparse realmente por los intereses de la ciudadanía valenciana, se dedica a privatizar las guarderías que se financian con el presupuesto del Estado, así como la sanidad, por ejemplo; se dedica a gastarse cientos de millones de euros en financiar proyectos cuyos beneficios no se hacen públicos porque no existen, o en contratar empresas ligadas a tramas corruptas sin que importe lo más mínimo, acusando a jueces, policías y al PSOE de estar detrás de una conspiración contra el PP, llegando a denunciar un supuesto estado de “régimen totalitario” que Zapatero quiere establecer en España. Patético.

El Gobierno del señor Camps lleva demasiados años en el poder sin cumplir las promesas que en cada campaña electoral anuncia, y que luego no dota de financiación ni de alternativas; demasiados años de mentiras, manipulación y total falta de transparencia, de bochorno, de endeudamiento masivo sin que haya repercutido en el bienestar de la gente, de barracones para los niños y niñas de decenas de localidades valencianas, de un sistema educativo público por los suelos, una sanidad vergonzosa y un modelo económico basado en la especulación que nos ha hundido en la miseria del paro y en la destrucción de nuestro medio ambiente.
La respuesta a todo esto siempre es la misma: soberbia, prepotencia, insulto y eludir responsabilidades culpando al que siempre tiene la culpa de todo, Zapatero. Pero Zapatero no tiene competencias en Valencia para administrar la Sanidad, la Educación o la televisión pública valenciana.

En fin, las valencianas y nos valencianos, la gente, NO queremos seguir siendo el hazme reír de España, no queremos unos gobernantes imputados judicialmente, infectados de corrupción, no queremos liderar las listas del desempleo y del abandono escolar, no queremos más mentiras. Lo que queremos es que esta tierra vuelva a ser reflejo del progreso y del bienestar, vuelva a recuperar la nobleza de tiempos pasados, y queremos un cambio necesario y urgente para que Valencia sea realmente reconocida como símbolo de libertad, solidaridad e igualdad.

8 de septiembre de 2009

Cataluña y su Estatut: sentencia del TC


Pronto se hará pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad o no de algunos polémicos artículos que el actual Estatuto de Cataluña propugna. En concreto, destaca el que hace referencia al término “nación” para referirse a Cataluña, y el hecho de considerar un “deber” para toda la población catalana el conocer su lengua autóctona.

Todo este asunto proviene de la pasada legislatura, cuando la derecha popular, tras encabritarse con aquel “España se rompe”, y viendo que la tramitación del Estatut iba avanzando por el camino del consenso tanto en Cataluña como en el Parlamento español, hasta finalmente aprobarse por una mayoría social y política (no sin haber habido reformas en sus borradores iniciales) recurrió dichos artículos ante el TC.

Desde un primer momento resultó no menos insólito el hecho, por ejemplo, de que el PP no recurriera el artículo del Estatuto de Andalucía en el cual se define esta tierra como una “realidad nacional” y que, sin embargo, desatara toda su cólera patriotera contra una región de España que, desde siempre, no ha despertado gran empatía entre los sectores más retrógrados y cerriles de la sociedad española como es Cataluña.

Pero vayamos a lo importante. Principalmente, cualquiera que tenga una mínima noción política o jurídica sabe que la Constitución Española de 1978 es reflejo del momento de Transición Democrática que vivió la España de los años ochenta. Es una prueba clara del pacto alcanzado a través del diálogo, pero sobre todo de las concesiones y precios políticos que todas las ideologías y todos los partidos tuvieron que ceder por el bien de la estabilidad del país, tras haber sufrido juntos 40 años de Dictadura fascista.

Fruto de aquel contexto y del obligado acuerdo jurisdiccional para nuestra Carta Magna, se deriva la ambigüedad de interpretaciones que la CE establece en torno a qué es España: art.2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Pero el término “nación” de objetivo tiene poco. Tiene múltiples interpretaciones, y una de ellas, que sí que sería válida para el Estatuto de Cataluña, podría ser la de “nacionalidad”, un término no jurídico, sino más bien socio-histórico y cultural. De todos modos, este debate tiene un trasfondo mucho más profundo por ambas partes, tanto el nacionalismo español como el nacionalismo catalán.

En el tema de la lengua catalana, la CE establece en su art.3 “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

No son pocos quienes denuncian la supuesta situación de discriminación a la que se somete el castellano en Cataluña. Quienes sostienen esta tesis, sin embargo, son los mismos que no criticaron la política lingüística de CiU durante el mandato de Jordi Pujol no hace demasiado, bajo el mandato de Aznar, o quienes no cuentan que Cataluña ostenta un expediente académico en lengua española por encima de la media nacional. Son los mismos que hacen oídos sordos a todas las encuestas sociológicas o periodísticas que ponen de manifiesto la prevalencia del castellano, etc.

El modelo lingüístico catalán simplemente busca la equiparación de los derechos lingüísticos de las dos lenguas mayoritarias en Cataluña, no la supeditación. Busca la plena capacidad de los alumnos y alumnas para conocer ambas lenguas, y la protección en última instancia de un idioma que no deja de ser un legado cultural propio de esta región, especial y gravemente perjudicado durante el franquismo. Este modelo sobre el que se cimienta la convivencia y la igualdad, el pacto, no ha generado nunca problema alguno, ya que su objetivo es el de la no-segregación por razones de lengua y beneficiar la integración lingüística ciudadana.

Fnalmente, por todo lo aquí expuesto, debería pedirse responsabilidad y reflexión a los encargados de dictar sentencia en torno a este polémico asunto. Pedirse objetividad y la máxima, aunque no menos complicada, neutralidad ideológica. Se trata de un asunto serio y complejo, un asunto ambiguo y polifacético, por lo que encontrar una resolución que beneficie a todos será un camino arduo y difícil, no por ello menos importante.

En cualquier caso, la sentencia del TC tendrá que ser respetada, pero no cabe duda de que según como acabe esta historia tendremos final feliz o un final turbio.

4 de septiembre de 2009

El PP, los menores y las redes sociales


Definitivamente la Derecha española, cada vez que opina (¿opina o impone?), vuelve a justificar que no se merece gobernar un país moderno, plural y en expansión como es la España del siglo XXI.


La derecha “de extremo centro” que representa el Partido Popular vuelve con sus ideas retrógradas, sus propuestas anti-sociales y sus formas altaneras y sucias de entender la política y de manipular a la gente sistemáticamente con su típico discurso populista. No han cambiado, son los mismos de siempre y, desgraciadamente, continúan sin evolucionar.


Por un lado, por supuesto que van a seguir acusando cansinamente a todo Cristo de estar sufriendo una persecución masiva y conspirativa por parte del Gobierno y de las instituciones “para destruirles”. Ya me estoy viendo las fotos de los dirigentes del PP cubiertas de dardos en el despacho de Zapatero. Pobrecitos.


Si no fuera por los más de 100 imputados que arrastran, sólo con el caso Gürtel, en lo que llevamos de año sentiría algo de lástima, si no fuera porque sus propios socios les denuncian o porque no han presentado todavía ni una sola prueba ni acusación seria en los juzgados; pero lo que verdaderamente siento es vergüenza ajena. Qué triste.


Lo último que faltaba es la cantinela de siempre: mano dura a los menores y prohibición, mucha prohibición. Rebajar la ley penal a los doce años (hasta que algún menor de once cometa un delito, por supuesto) y, a la vez, impedir que chavales adolescentes puedan abrirse una cuenta en Tuenti o Facebook. Un poco contradictorio, ¿responsabilidad para asumir los propios actos delictivos pero no para abrirse una cuenta en una red social?


¿Qué entiende la derecha por la figura del Menor? ¿Qué entienden cuando se habla de Educación? A lo mejor lo que pasa es que es más fácil la represión y la brutalidad para acabar con un problema, que “perder el tiempo” buscando sus causas y acatándolo con inteligencia para que no se reproduzca, fomentarndo la responsabilidad en los jóvenes, por ejemplo.

En fin, lanzo una vez más la pregunta que tanta gente se formula a diario: ¿Te los imaginas gobernando?

3 de septiembre de 2009

Nuevo curso político, protagonista: la CRISIS


Quien pensaba que las vacaciones de verano iban a significar una tregua para el pesimismo económico no estaba del todo equivocado. La caída continua del desempleo y la remontada de las grandes economías del Mundo, unido al aumento de la confianza, traían aire fresco para todos, pero lo cierto es que la vuelta a la rutina se va a ver abrumada por las últimas noticias económicas, que no dejan de ser un varapalo para la confianza y entusiasmo de la ciudadanía.

Los recientes datos económicos no dejan indiferente a nadie: el paro aumenta y la recesión del PIB se acrecenta. Efectivamente, la Economía continúa en crisis y el otoño se presenta complicado para todos los Gobiernos, especialmente para el nuestro.


En España, el paro sigue siendo protagonista indiscutible del día a día y de las conversaciones de la gente. Es una de las principales preocupaciones y no es para menos, con 3,6 millones de personas desempleadas (o 4 millones y pico, según se mire) y un horizonte incierto. Nuestro PIB lidera la caída en la zona euro y nuestro modelo productivo todavía necesita impulso para encauzarlo hacia un eficiente y moderno desarrollo sostenible. Parece evidente, pues, que la situación es grave y requiere medidas contundentes.

El Ejecutivo español se prepara para un curso político que va a dar mucho que hablar. Por un lado, España debe dar el sprint final que de alas a la recuperación progresiva de su frágil economía: incentivar el empleo (empleo No precario y de calidad), la investigación y la modernidad, la formación profesional y la apuesta por lo social y ecológico pueden ser grandes herramientas que permitan alcanzar poco a poco este objetivo.

De momento, a nivel nacional se están llevando a cabo medidas paliativas que pretenden proteger a la mayoría mientras arrecia la tormenta, ayudas económicas que permitan sobrellevar estos complicados momentos para muchas familias y empresas, todo ello unido a un extenso paquete de iniciativas que buscan, además de la protección social, reformar paulatinamente los pilares económicos sobre lo que España se viene sosteniendo desde hace décadas.

Pero la verdadera salida y recuperación financiera solo será posible mediante el consenso y acuerdo de las principales potencias mundiales, acuerdos que deben centrarse en importantes cambios que impidan que se repita esta situación en el futuro, cambios que se centren en el control de los mercados para evitar abusos excesivos, cambios para perseguir sin reparo el fraude fiscal, para condenar y prevenirnos de la avaricia de unos pocos. Difícil tarea, pero incuestionable.

Sin duda, tal y como afirman cada vez más organismos económicos, como el FMI, “lo peor ya ha pasado por ahora” y “no estamos en una caída libre” como al principio de este huracán financiero, pero, y esto es algo que siempre repito, no hay que bajar la guardia todavía ni confiarse, hay que seguir trabajando para que no sean los de siempre quienes paguen los platos rotos, para que esta situación, fruto del descontrol y de la gula codiciosa de unos sin vergüenzas, no vuelva a repetirse. Ya veremos si se consigue.

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, esperemos que esta vez espabile y mire por donde camina.

2 de septiembre de 2009

Jorge Alarte y Benidorm

Este Verano Benidorm no ha sido noticia en tanto por ser referente turístico nacional e internacional, sino por los revuelos y confusiones que ha despertado en el seno de la política valenciana.
Hace unos meses, tras el abandono de José Bañuls del grupo municipal benidormense del PP, que ostenta la alcaldía desde 2007, el PSPV-PSOE de Benidorm, unilateralmente, vio posible la idea de pactar con el tránsfuga en cuestión, adscrito actualmente al grupo independiente, para arrebatar el gobierno local (o desgobierno) a su alcalde Joaquín Pérez Fenoll mediante una moción de censura.
Desde la cúpula del PP valenciano y los medios de comunicación afines, se ha venido vendiendo a la opinión pública que existe un claro enfrentamiento interno entre Jorge Alarte, secretario gnal del PSPV-PSOE, no partidario de vulnerar el pacto anti-transfuguismo; y los/las concejales socialistas de la ciudad costera (de los cuales forma parte Maite Iraola, madre de Leire Pajín Iraola), utilizándolo como arma arrojadiza contra la ya denostada imagen del PSPV en tierras levantinas.

Ante este panorama, la presión popular y de la situación han forzado pactar un acuerdo recíproco entre las partes implicadas, llegando a la conclusión de que no se debe violar bajo ningún concepto el pacto anti-transfuguismo que, por ley, impera a día de hoy y regula la actividad política para que sea más limpia y más democrática.
La izquierda, y concretamente el PSOE, tiene, entre otras virtudes, la de ser honesta consigo misma, la de respetar la ley y, sobre todo, la honorabilidad de las ideas, así como el principio básico de soberanía popular (recordemos que el voto de la gente dio la alcaldía al PP).
No es leal apoyar una moción de censura, rompiendo un pacto anti-tránsfugas, pese a que la derecha lo haga sistemáticamente (caso Dénia, por ejemplo) por el mero hecho de rascar dos años de poder; no es lógico traicionar un principio político y moral cuando uno sabe que la ciudadanía lo apoyará en el futuro, no merece la pena y no es jugar limpio.

Por todo ello, debe considerarse como acertada la decisión de los socialistas valencianos de decir NO al beneficio del transfuguismo, y buscar una vía más adecuada como es la denuncia de la inestabilidad de una alcaldía como la de Benidorm, un pueblo trabajador que no se merece tener al alcalde que a día de hoy, se supone, les representa; forzar su dimisión es más inteligente y honesto, más justo para quien de verdad interesa: los ciudadanos y ciudadanas.

1 de septiembre de 2009

¿Subir los impuestos?

Desde que el Gobierno socialista anunciara una más que posible subida de impuestos, para poder hacer frente al excepcional esfuerzo financiero que España lleva realizando (el mayor de la zona euro) con el objetivo de paliar, dentro de sus competencias, los graves efectos de la crisis económica, el tema está en el aire y en boca de todos: ¿se deben de subir o no los impuestos?

Probablemente mucha gente frunza el ceño cuando les hablen de impuestos, sobre todo si esa gente cobra una media de 1200 euros al mes, pero más lo deberían fruncir si supieran que son a los grandes empresarios y empresarias, y a las grandes fortunas, a quienes se les quiere pedir un mayor sacrificio en aras del conjunto de ciudadanas y ciudadanos españoles, en beneficio de quienes peor lo están pasando en estos momentos de máxima necesidad y urgencia, y que están poniendo el grito en el cielo por este motivo. ¿Insolidaridad? Veamos.

Los impuestos existen para que el Estado pueda financiar todo lo imaginable que hace de un país un lugar público y digno para vivir: Sanidad, Educación, Becas, Pensiones, etc. y, también ahora en tiempos de dificultad, medidas económicas pensadas para proteger al trabajador y recuperar el camino del crecimiento a través de nuevas y eficientes formas de inversión que nos conviertan un país más fuerte, más sólido y mejor preparado. ¿Qué hay de malo en esto?

Se nos dice que si subimos los impuestos se desincentivará la creación de empleo; ¿cómo? ¿si son precisamente a quienes generen empleo a quienes se les va a reducir el impuesto de sociedades?; se nos dice que “va a perjudicar a las clases medias”, ¿sin afectar al IRPF? Complicado, ¿no? más cuando se ha informado que la subida de impuestos se va a realizar sobre las rentas de capital (intereses bancarios, plusvalías por ventas de acciones, viviendas o seguros de vida, entre otras) no sobre las rentas del trabajo (salario y pensiones).

Por otra parte, también hay una forma de conseguir un mejor presupuesto para el año próximo: reducir el gasto. Pero esta acción requiere sabiduría y delicadeza, tener claras las prioridades y ser consecuentes con el contexto que vivimos. En este sentido, reformar la famosa propuesta de los 400 euros podría ser interesante, así como recortar presupuesto aplazando alguna que otra parte del programa electoral que, como todo el mundo sabe, todo partido ha tenido que traicionar debido a la ignorancia del alcance de esta crisis.

En todo caso, confío en que se cumpla la justicia social fundamentada en la progresividad en los impuestos, se persiga sin descanso el fraude fiscal (responsable de una copiosa menor recaudación de la que tocaría) y se apliquen las medidas necesarias para que el reparto de la riqueza sea efectivo, solidario y, en absoluto, perjudique a quienes no tienen ninguna culpa de esta tormenta económica ni tienen derecho a que se les explote más.